13 de marzo de 2011[750] visitas [1] comentario

Recuerda que los responsables del ministerio incurren en un delito de desobediencia al no cumplir la sentencia del TSJM. Les acusa de eludir el fallo ratificado por el Supremo.

La Justicia lo tiene claro. Las sentencias son para cumplirlas y la Administración no está al margen de esta máxima. Más bien al contrario, debe dar ejemplo. Así lo considera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un auto emitido el pasado 2 de marzo. El escrito –firmado por los magistrados Gustavo Ramón Lescure, Juan Ignacio Pérez y Pilar Maldonado– advierte al Ministerio del Interior de que tiene la obligación de cumplir las resoluciones judiciales “en la forma y términos que en estas se consignen”.

El tribunal insiste en que el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba debe sustituir a casi 7.000 mandos policiales elegidos a dedo por funcionarios que superen el correspondiente concurso de méritos, como le ordenó la sentencia 1.128 del 11 de diciembre de 2009, emitida tras un recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y ratificada el pasado 15 de julio por el Tribunal Supremo.

El TSJM responde con esta firmeza a un escrito presentado por el ministerio el 21 de diciembre que pretendía, dada la “complejidad” que supone ejecutar la sentencia, rebajar sus exigencias y mantener en el cargo a más de 5.000 policías nombrados ya por libre designación. Es decir, de los casi 7.000 que la Justicia obliga a sustituir, el Ministerio tan sólo quería cambiar a apenas 2.000.

Los funcionarios, insiste con claridad el reciente auto del Tribunal Superior de Madrid, han de ser elegidos “necesariamente por el sistema de concurso de méritos”. De lo contrario, continúa, el tribunal podría imponer “multas coercitivas (...) a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado” e incluso “deducir el oportuno testimonio” a los responsables de la desobediencia con objeto de “exigir la responsabilidad penal”.

El TSJM entiende que “es evidente que no puede tenerse por cumplida, ni siquiera por iniciada la ejecución de la sentencia”. “Parece más bien que [la Administración] intenta no cumplir con lo resuelto en la citada resolución judicial”, añade. “Lo que la Administración intenta –subraya– es obviar la ejecución de la sentencia, continuando utilizando el sistema de libre designación, en lugar del concurso de méritos”.

Además de tratar de incumplir el fallo, como afirma el TSJM, desde que el Supremo declaró firme la sentencia del tribunal madrileño, el ministerio ha continuado actuando como si nada hubiera pasado. Tras la resolución del 15 de julio emitida por la máxima instancia jurídica del país, Interior ha emitido cuatro órdenes generales que desobedecen los criterios impuestos por el juez.

La primera, el 26 de octubre de 2010, cuando la dirección general aprobó la convocatoria de varios puestos de libre designación (orden general 1.852) sin diferenciar entre aquellos que son competencia de los comisarios y los que debe ocupar un comisario principal, como ordenaba la Justicia. La segunda, el 14 de diciembre de 2010 (orden general 1.858), cuando el ministerio aprobó nombrar a dedo 28 altos mandos del nivel 28 de la Administración, cuando el Supremo, el TSJM y la Audiencia Nacional tan sólo permitieron la libre designación para los niveles 29 y 30. La tercera, el 26 de enero de 2011 (orden general 1.867), que el ministerio utilizó para nombrar a otros 55 mandos del nivel 28 a pesar de las citadas resoluciones judiciales. Y la cuarta, el 17 de febrero de 2010 (orden general 1.870), que volvía a usar la libre designación para elegir otros cuatro cargos del nivel 28.

Asimismo, el PP ha presentado ya en el Congreso de los Diputado una proposición no de ley a través de la que pretende instar al Gobierno al inmediato cumplimiento de las sentencias y reprobar al director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.

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Por: R. Ballesteros