28 de febrero de 2011[548] visitas [0] comentarios

Francisco Javier Velázquez nombró a dedo a 55 altos mandos pese a la sentencia del Alto Tribunal que lo prohíbe. La sentencia del TSJ de Madrid lleva un año sin cumplirse. El PP insta en el Congreso a que se cumpla el fallo.

El Tribunal Supremo no parece tener suficiente autoridad para el ministro del Interior. El auto que emitió la más alta instancia judicial el 15 de julio de 2010 ordenó poner límite a los nombramientos a dedo de altos mandos policiales que venía llevando a cabo la Dirección General desde 2008. Obligaba al ministerio a reestructurar el cuerpo y restringir la elección de cargos de confianza tan sólo a los niveles 29 y 30 de la Administración.

Pero el departamento de Rubalcaba ignoró al Supremo, cuyo escrito avalaba una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tan sólo pocas semanas después del auto. El director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, emitió el 26 de enero la orden general 1.867, que nombraba a 55 nuevos mandos policiales del nivel 28 a dedo, como se publicó el pasado 18 de febrero. Los nombramientos, además, se hicieron sin motivación alguna, como exigía el juez. La citada orden se limitó a decir que “los puestos se proveerán mediante el sistema de libre designación, conforme a lo establecido en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y, asimismo, en las demás disposiciones aplicables reguladoras de la materia”.

La desobediencia se produjo dos meses después de que el Supremo informara al ministerio, según admitió el propio Rubalcaba. “La sentencia del Supremo a la que usted se refiere –le contestó en diciembre el ministro al diputado popular Ignacio Cosidó– se comunicó el 26 de noviembre, hace tres semanas, y estamos en este momento cumpliéndola”.

El PP reaccionó inmediatamente a la convocatoria de nuevos mandos y preparó una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a que obedezca a la Justicia. Así, el pasado viernes, los populares presentaron ante la Mesa del Congreso la citada PNL, que exige el “cumplimiento inmediato de la sentencia que obliga al ministro del Interior” a obedecer “la legalidad en los nombramientos del Cuerpo Nacional de Policía”. El PP también insta al Gobierno a explicar “las razones” que le han llevado a no adoptar “las medidas necesarias” para cumplir la sentencia. “Si las mismas no fueran otras que la desidia y falta de diligencia por parte del director general de la Policía y de la Guardia Civil”, el PP propone “reprobar su actuación” por la “inseguridad jurídica” que genera, y asimismo solicita la comparecencia de Velázquez en el Congreso.

Velázquez, que es quien firma la polémica orden 1.867, prometió llevar a la práctica el auto pero hizo lo contrario tanto en la citada convocatoria de los 55 mandos como en tres resoluciones aprobadas el 25 de octubre del año pasado. Ese último día, la orden general 1.852 convocaba un puesto de consejero de Interior en Islamabad, otro de jefe de la Unidad de Gestión de Personal y otro para distintas plantillas. Las tres convocatorias se hacían, al igual que las citadas 55 posteriores, sin distinguir entre los puestos que debe ocupar un comisario y los que son competencia de un comisario principal, como ordenaba el TSJ de Madrid avalado por el Supremo.

Por: Roberto R. Ballesteros